Lima, 18 de Noviembre del 2020
Por Juan Carlos Liendo O´Connor
Director de la Revista XAUXA
www.xauxa.net
¿Es posible explicar cómo una sólida y potente voluntad política popular en el Perú llegó a fragmentarse en menos de dos años, generando el colapso del sistema político nacional?; ¡claro que si es posible!, en realidad muy sencillo, a pesar de que una respuesta basada en hechos concretos no sea del agrado de las personas cercanas al poder.
[1] Obtenido de Spanzer97: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Balotaje2016regional.png
[1] Obtenido de Spanzer97: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MapaElectoralProvincialPerú2018.png
La presente crónica de opinión trata de explicar en tres entregas cómo ha sido posible que el grupo liberal progresista que gobierna el Perú desde hace 20 años, habiendo obtenido en las elecciones del 2016 un contundente rechazo popular que lo emplazó en una minoría política, logra el día de hoy recuperar el control de los tres poderes del Estado después de dos intentos del grupo conservador para recuperar el poder que inicialmente recibió del pueblo el 2016. Para ello buscaremos recordar la situación electoral del 2016, luego se analizará los factores de desestabilización del sistema político en sus tres componentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para finalmente obtener una lectura de la coyuntura actual y sus proyecciones a las elecciones del 2021.
PERÚ HACE CUATRO AÑOS
Culminada la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 8 de abril del 2016, la voluntad popular definió que el partido Fuerza Popular, (partido nacional de derecha popular y de clase media, color naranja en el mapa), alcance una sólida mayoría de representación del 56% en el congreso, mientras que el partido Peruanos Por el Kambio (PPK, color morado en el mapa) de la aristocracia liberal progresista alcanzaba 14% , y el partido de izquierda internacional (Frente Amplio, de color verde en el mapa) promovido por el Foro de Sao Paulo, obtenía un 15%.
Durante la segunda vuelta del 3 de junio, la aristocracia liberal progresista limeña en alianza con la izquierda internacional, lograron derrotar al partido Fuerza Popular por un ajustado margen, apoyados por el gobierno saliente y los medios de comunicación de propiedad de la aristocracia. Lograron de esta manera mantener el control del poder ejecutivo. Mientras que, en la práctica, se verificó de hecho que la alianza de la aristocracia liberal progresista limeña con la izquierda internacional (dependiente del Foro de Sao Paulo, y que a partir de ahora llamaremos a ambos grupos: alianza liberal progresista), que gobierna el Perú desde fines del año 2000 había perdido el control del poder legislativo y tenía la amenaza de perder el control del poder judicial, o incluso del poder ejecutivo.
En efecto, instaurado el 28 de julio del 2016 el nuevo congreso (poder legislativo) y juramentado un nuevo presidente (jefe del poder ejecutivo), el centro de la lucha por el poder se enfocó en la función legislativa del Congreso. A pesar de que el 85% de los congresistas electos coincidían en el modelo económico del país y una aproximación común hacia la gestión pública, su alineamiento político presentaba condiciones de fractura irreconciliables. Sin embargo, ideológicamente consideraban que “el factor económico” constituía la variable fundamental que modelaba la política, planteando entonces un enfrentamiento político paralelo a las decisiones económicas. En las semanas inmediatas la realidad evidenciaría completamente lo contrario.
El partido Fuerza Popular, no recuperado de su inocente derrota electoral, disponía de la mayoría absoluta en el congreso ya que con 73 congresistas superaban los 66 votos (la mitad más uno) que se requerían para censurar a cualquier gabinete ministerial, elegir a la mesa directiva del Congreso y aprobar o modificar una ley orgánica. Es decir, tenían casi el poder total en el congreso, estando en las mejores condiciones para alcanzar los 87 votos de mayoría calificada (dos tercios) del total de congresistas, necesarios para elegir al Defensor del Pueblo, a los Miembros del Tribunal Constitucional y modificar la Constitución sin necesidad de referéndum. El fujimorismo después de 16 años había recuperado contundentemente el poder de representación popular contra la alianza liberal progresista (aristocracia limeña con izquierda del foro de Sao Paulo).
El poder ejecutivo, liderado por la aristocracia progresista no tenía el mas mínimo enlace con los sectores populares ya que los miembros de su bancada no tenían unidad política ni pertenecían al mismo nivel socio económico del Jefe de Estado y de su grupo de elite; su fragmentación e inoperancia política era un hecho concreto. Esta circunstancia evidenciaba el serio peligro de la izquierda progresista liberal en el Perú tanto como su debilidad, lo cual implicaba que los principios globales del marxismo cultural y de la ideología de género, cuya promoción y defensa habían confiado en la aristocracia limeña desde el año 2000 había fracasado y resultaba inevitable (en principio) la perdida del poder que habían mantenido desde entonces.
Si bien es cierto que para el 2016, la aristocracia liberal gobernó y mantuvo el poder desde el año 2,000, su capacidad de operación política se había reducido exclusivamente al activismo político de ONG´s que constituían su principal soporte de gobierno, dirigidas por la conocida ONG IDL (brazo político) y reforzada por la ONG Transparencia (brazo internacional) y por la ONG Comisión Andina de Juristas (Brazo legal) establecieron un gobierno remoto desde una agenda global internacional sobre el Perú, a través de la continuidad de su burocracia ideológica establecida en todos los poderes del Estado, al mismo tiempo que tenían un eficiente y poderoso respaldo internacional; no necesitaron de partido político alguno, solo su alianza con la aristocracia limeña, con la burocracia estatal y con los medios de comunicación. Para julio del 2016 este modelo se había agotado.
Para julio del 2016, el reciente gobierno aristocrático de PPK tenía el dilema de: o negociar en desventaja con Fuerza Popular, o enfrentarla resueltamente con la lógica amigo – enemigo, es decir destruirla. Decidió por la segunda opción; apoyado por la ONG IDL, sin cuya ayuda le hubiese sido imposible ganar las elecciones, y la enfrentó, a pesar de su desventaja política, con la misma estrategia con la cual logró derrotarla en la segunda vuelta electoral a su ahora enemigo declarado:
“Destruir su reputación y dividir su cuerpo interno con el soporte de lo medios de comunicación”.
Fuerza Popular, sin medios de comunicación, desconectados de la dinámica internacional, y con un pequeño y cerrado grupo de élite de dirigentes buscó fortalecer su frente político para enfrentar a la alianza liberal progresista; para ello realizó una alianza fáctica con los congresistas del partido aprista, llegando a formar un bloque de 78 congresistas con los cuales alcanzaba el 60% de los escaños del congreso y se encontraba a solo 9 votos de obtener la mayoría calificada, es decir a punto de tener el control total del poder legislativo. Esta alianza fue el resultado de la obligada convivencia que tuvieron estas agrupaciones políticas como producto del ostracismo sufrido por ambas agrupaciones durante el gobierno (alianza aristocracia liberal progresista con izquierda internacional) de Ollanta Humala 2011 -2016.
Con esta alianza fáctica Fuerza Popular, obtenía el contundente aporte de 5 congresistas con una enorme potencia política, ya que la representación de Fuerza Popular en más del 70% la conformaban políticos novatos, sin experiencia, y gran número de ellos con serios antecedentes judiciales y éticos controversiales, por lo cual no se encontraba en condiciones de una eficiente gestión política de su poder en el Congreso. Al mismo tiempo, si bien es cierto que el resultado de las elecciones le otorgó un contundente apoyo de la población, la dirigencia de Fuerza Popular hizo evidente la total desconexión con sus líderes representativos, son sus líderes de base, operadores y activistas políticos populares; quienes una vez alcanzada la victoria política fueron ignorados desde el poder por su dirigencia política, generando un resuelto sentimiento de frustración y justificado enojo.
Fuerza Popular, con 73 representantes, al incorporar a 5 congresistas del partido aprista para fortalecer su poder y acercarse a la mayoría calificada en el congreso, asumió para sí todo el pasivo de corrupción política que lleva el partido aprista desde hace 30 años, a pesar del discreto y prudente segundo gobierno del APRA (no exento de corrupción) que gobernó en balance de poder con la aristocracia liberal progresista limeña entre el 2006 y el 2011; quedando en la práctica dependiente de la hábil capacidad política de los representantes apristas que a pesar de ser sólo 5, influían con gran poder sobre los 73 congresistas de Fuerza Popular, al mismo tiempo no eludían la oportunidad de negociar posiciones de poder en el Congreso con la aristocracia liberal progresista limeña.
Con un cerrado y pequeño grupo de élite dirigiendo Fuerza Popular sin cuadros políticos de peso específico y una bancada de novatos, bajo la influencia y astucia de 5 congresistas apristas que tenían una agenda diferente, asumiendo el pasivo de un partido contundentemente rechazado por la mayoría de la población, sin medios de comunicación consecuentes con la dimensión de su poder político, despreciando el valor y la potencia de sus cuadros tradicionales, de sus dirigentes y lideres de base, sin capacidad de movilización social y cambiando sus principios que los definían como fuerza política al adoptar una narrativa de lo políticamente correcto, estaban ya para la segunda semana del mes de agosto del 2016 condenados al fracaso.
La alianza liberal progresista, dirigida por IDL, de inmediato obtuvo una lectura real, concreta y objetiva de la catástrofe estratégica que implicaban las decisiones políticas de la dirigencia de Fuerza Popular; tomo nota y desarrolló una estrategia que en dos años aniquiló tanto el poder de Fuerza Popular como los anhelos y las expectativas de la gran mayoría de peruanos que en el 2016 le entregaron sus votos, y que hoy cuatro años después produciría innegablemente el colapso del sistema político peruano.
En la próxima entrega, la parte II, se describirá la estrategia de Fuerza Popular (alianza conservadora) para tomar control del poder judicial, el desarrollo de la estrategia liberal progresista como contra ofensiva, para evitar perder el poder judicial, cambiar la composición de poder del Congreso y controlar el poder Ejecutivo; la vacancia de PPK, la presidencia de Vizcarra y el cierre del Congreso, todo ello en medio de la crisis producto del caso Odebrecht.
Nos vemos la próxima semana.