El día de ayer 24 de Marzo a menos de 17 días de las elecciones presidenciales del 2,021, el diario “El Comercio”, el más antiguo del país, fundado hace 182 años por una de las familias más poderosas del Perú y representante de los intereses de la aristocracia republicana limeña, publica desde su director periodístico, quizá el mas joven de su historia, un editorial que más allá de proyectar una infantil ingenuidad política o de un epitafio empresarial, representa tanto la grave crisis del grupo mediático más poderoso del Perú como el colapso del sistema político peruano. A continuación, unas necesarias reflexiones.
Con la intención de hacer un mea culpa, el más joven director periodístico de la historia del diario El Comercio, pone en evidencia la seria crisis política por la que atraviesa el sistema de poder en el Perú: Muy importante tener en cuenta una primera aproximación:
Este comunicado, inédito en la historia del diario, y al mismo tiempo realizado por el director más joven de su historia (que para esta opinión constituye una clara desventaja en términos de experiencia y conocimiento de vida, y en cuanto a los intereses que representa el diario El Comercio), evidencia claramente por su contenido, por el momento en que se expresa, y por la percepción que genera en términos de poder, la debilidad política no solo del diario más antiguo del país, sino de la clase política a la cual este diario se encuentra a su servicio (la aristocracia limeña). Esta crítica circunstancia es tanto económica, como política y de serio rechazo social en cuanto al lugar que ocupa El Comercio dentro de la difusión de ideas políticas en el Perú, y que implica una seria vulnerabilidad a las ideas “libertarias progresistas” que representa este medio escrito, y al mismo tiempo se proyectan tanto a todo su conglomerado de medios informativos, como sobre sus enlaces internacionales, ya que este diario y su grupo constituyen la principal referencia de lectura política sobre lo que sucede en el Perú.
La situación crítica (casi terminal) de la gestión administrativa, obviamente es la manifestación de la debacle interna del “clan familiar” asociado con su círculo inmediato de poder (accionistas), arrastrados por la corrupción del caso ODEBRECHT; y de las ONG´s que interactúan con el grupo El Comercio para difundir “la imagen oficial del Perú internacionalmente en función de los intereses de grupo e ideológicos que representan. Esta circunstancia se agrava cuando el grupo mediático es copado por una ideología y consolidado por un poderosos soporte económico, en este caso del estado peruano, convirtiéndose en una grave amenaza para la democracia y la libertad individual en el Perú.
Tan igual como la informalidad económica ocupa las veredas del antiguo edificio de El Comercio, el espacio político (en toda su extensión) que viene dejando libre, es hoy motivo de lucha de nuevos actores para ocupar los espacios vacíos de poder que deja tanto en el ámbito de la difusión de ideas como de la imagen que del Perú se forman en el extranjero.
Conclusión: La crisis de El Comercio representa, al mismo tiempo que evidencia, el colapso del sistema político (en términos del sistema de poder) en el Perú y el principal desafío para la continuidad o crisis de la república en términos de quién o quiénes, y sobre qué tipo de ideas se articularán en torno a ese espacio vacío que viene dejando el diario El Comercio. Crisis en curso.
¿Es posible explicar cómo una sólida y potente voluntad política popular en el Perú llegó a fragmentarse en menos de dos años, generando el colapso del sistema político nacional?; ¡claro que si es posible!, en realidad muy sencillo, a pesar de que una respuesta basada en hechos concretos no sea del agrado de las personas cercanas al poder.
La presente crónica de opinión trata de explicar en tres entregas cómo ha sido posible que el grupo liberal progresista que gobierna el Perú desde hace 20 años, habiendo obtenido en las elecciones del 2016 un contundente rechazo popular que lo emplazó en una minoría política, logra el día de hoy recuperar el control de los tres poderes del Estado después de dos intentos del grupo conservador para recuperar el poder que inicialmente recibió del pueblo el 2016. Para ello buscaremos recordar la situación electoral del 2016, luego se analizará los factores de desestabilización del sistema político en sus tres componentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para finalmente obtener una lectura de la coyuntura actual y sus proyecciones a las elecciones del 2021.
PERÚ HACE CUATRO AÑOS
Culminada la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 8 de abril del 2016, la voluntad popular definió que el partido Fuerza Popular, (partido nacional de derecha popular y de clase media, color naranja en el mapa), alcance una sólida mayoría de representación del 56% en el congreso, mientras que el partido Peruanos Por el Kambio (PPK, color morado en el mapa) de la aristocracia liberal progresista alcanzaba 14% , y el partido de izquierda internacional (Frente Amplio, de color verde en el mapa) promovido por el Foro de Sao Paulo, obtenía un 15%.
Durante la segunda vuelta del 3 de junio, la aristocracia liberal progresista limeña en alianza con la izquierda internacional, lograron derrotar al partido Fuerza Popular por un ajustado margen, apoyados por el gobierno saliente y los medios de comunicación de propiedad de la aristocracia. Lograron de esta manera mantener el control del poder ejecutivo. Mientras que, en la práctica, se verificó de hecho que la alianza de la aristocracia liberal progresista limeña con la izquierda internacional (dependiente del Foro de Sao Paulo, y que a partir de ahora llamaremos a ambos grupos: alianza liberal progresista), que gobierna el Perú desde fines del año 2000 había perdido el control del poder legislativo y tenía la amenaza de perder el control del poder judicial, o incluso del poder ejecutivo.
En efecto, instaurado el 28 de julio del 2016 el nuevo congreso (poder legislativo) y juramentado un nuevo presidente (jefe del poder ejecutivo), el centro de la lucha por el poder se enfocó en la función legislativa del Congreso. A pesar de que el 85% de los congresistas electos coincidían en el modelo económico del país y una aproximación común hacia la gestión pública, su alineamiento político presentaba condiciones de fractura irreconciliables. Sin embargo, ideológicamente consideraban que “el factor económico” constituía la variable fundamental que modelaba la política, planteando entonces un enfrentamiento político paralelo a las decisiones económicas. En las semanas inmediatas la realidad evidenciaría completamente lo contrario.
El partido Fuerza Popular, no recuperado de su inocente derrota electoral, disponía de la mayoría absoluta en el congreso ya que con 73 congresistas superaban los 66 votos (la mitad más uno) que se requerían para censurar a cualquier gabinete ministerial, elegir a la mesa directiva del Congreso y aprobar o modificar una ley orgánica. Es decir, tenían casi el poder total en el congreso, estando en las mejores condiciones para alcanzar los 87 votos de mayoría calificada (dos tercios) del total de congresistas, necesarios para elegir al Defensor del Pueblo, a los Miembros del Tribunal Constitucional y modificar la Constitución sin necesidad de referéndum. El fujimorismo después de 16 años había recuperado contundentemente el poder de representación popular contra la alianza liberal progresista (aristocracia limeña con izquierda del foro de Sao Paulo).
El poder ejecutivo, liderado por la aristocracia progresista no tenía el mas mínimo enlace con los sectores populares ya que los miembros de su bancada no tenían unidad política ni pertenecían al mismo nivel socio económico del Jefe de Estado y de su grupo de elite; su fragmentación e inoperancia política era un hecho concreto. Esta circunstancia evidenciaba el serio peligro de la izquierda progresista liberal en el Perú tanto como su debilidad, lo cual implicaba que los principios globales del marxismo cultural y de la ideología de género, cuya promoción y defensa habían confiado en la aristocracia limeña desde el año 2000 había fracasado y resultaba inevitable (en principio) la perdida del poder que habían mantenido desde entonces.
Si bien es cierto que para el 2016, la aristocracia liberal gobernó y mantuvo el poder desde el año 2,000, su capacidad de operación política se había reducido exclusivamente al activismo político de ONG´s que constituían su principal soporte de gobierno, dirigidas por la conocida ONG IDL (brazo político) y reforzada por la ONG Transparencia (brazo internacional) y por la ONG Comisión Andina de Juristas (Brazo legal) establecieron un gobierno remoto desde una agenda global internacional sobre el Perú, a través de la continuidad de su burocracia ideológica establecida en todos los poderes del Estado, al mismo tiempo que tenían un eficiente y poderoso respaldo internacional; no necesitaron de partido político alguno, solo su alianza con la aristocracia limeña, con la burocracia estatal y con los medios de comunicación. Para julio del 2016 este modelo se había agotado.
Para julio del 2016, el reciente gobierno aristocrático de PPK tenía el dilema de: o negociar en desventaja con Fuerza Popular, o enfrentarla resueltamente con la lógica amigo – enemigo, es decir destruirla. Decidió por la segunda opción; apoyado por la ONG IDL, sin cuya ayuda le hubiese sido imposible ganar las elecciones, y la enfrentó, a pesar de su desventaja política, con la misma estrategia con la cual logró derrotarla en la segunda vuelta electoral a su ahora enemigo declarado:
“Destruir su reputación y dividir su cuerpo interno con el soporte de lo medios de comunicación”.
Fuerza Popular, sin medios de comunicación, desconectados de la dinámica internacional, y con un pequeño y cerrado grupo de élite de dirigentes buscó fortalecer su frente político para enfrentar a la alianza liberal progresista; para ello realizó una alianza fáctica con los congresistas del partido aprista, llegando a formar un bloque de 78 congresistas con los cuales alcanzaba el 60% de los escaños del congreso y se encontraba a solo 9 votos de obtener la mayoría calificada, es decir a punto de tener el control total del poder legislativo. Esta alianza fue el resultado de la obligada convivencia que tuvieron estas agrupaciones políticas como producto del ostracismo sufrido por ambas agrupaciones durante el gobierno (alianza aristocracia liberal progresista con izquierda internacional) de Ollanta Humala 2011 -2016.
Con esta alianza fáctica Fuerza Popular, obtenía el contundente aporte de 5 congresistas con una enorme potencia política, ya que la representación de Fuerza Popular en más del 70% la conformaban políticos novatos, sin experiencia, y gran número de ellos con serios antecedentes judiciales y éticos controversiales, por lo cual no se encontraba en condiciones de una eficiente gestión política de su poder en el Congreso. Al mismo tiempo, si bien es cierto que el resultado de las elecciones le otorgó un contundente apoyo de la población, la dirigencia de Fuerza Popular hizo evidente la total desconexión con sus líderes representativos, son sus líderes de base, operadores y activistas políticos populares; quienes una vez alcanzada la victoria política fueron ignorados desde el poder por su dirigencia política, generando un resuelto sentimiento de frustración y justificado enojo.
Fuerza Popular, con 73 representantes, al incorporar a 5 congresistas del partido aprista para fortalecer su poder y acercarse a la mayoría calificada en el congreso, asumió para sí todo el pasivo de corrupción política que lleva el partido aprista desde hace 30 años, a pesar del discreto y prudente segundo gobierno del APRA (no exento de corrupción) que gobernó en balance de poder con la aristocracia liberal progresista limeña entre el 2006 y el 2011; quedando en la práctica dependiente de la hábil capacidad política de los representantes apristas que a pesar de ser sólo 5, influían con gran poder sobre los 73 congresistas de Fuerza Popular, al mismo tiempo no eludían la oportunidad de negociar posiciones de poder en el Congreso con la aristocracia liberal progresista limeña.
Con un cerrado y pequeño grupo de élite dirigiendo Fuerza Popular sin cuadros políticos de peso específico y una bancada de novatos, bajo la influencia y astucia de 5 congresistas apristas que tenían una agenda diferente, asumiendo el pasivo de un partido contundentemente rechazado por la mayoría de la población, sin medios de comunicación consecuentes con la dimensión de su poder político, despreciando el valor y la potencia de sus cuadros tradicionales, de sus dirigentes y lideres de base, sin capacidad de movilización social y cambiando sus principios que los definían como fuerza política al adoptar una narrativa de lo políticamente correcto, estaban ya para la segunda semana del mes de agosto del 2016 condenados al fracaso.
La alianza liberal progresista, dirigida por IDL, de inmediato obtuvo una lectura real, concreta y objetiva de la catástrofe estratégica que implicaban las decisiones políticas de la dirigencia de Fuerza Popular; tomo nota y desarrolló una estrategia que en dos años aniquiló tanto el poder de Fuerza Popular como los anhelos y las expectativas de la gran mayoría de peruanos que en el 2016 le entregaron sus votos, y que hoy cuatro años después produciría innegablemente el colapso del sistema político peruano.
En la próxima entrega, la parte II, se describirá la estrategia de Fuerza Popular (alianza conservadora) para tomar control del poder judicial, el desarrollo de la estrategia liberal progresista como contra ofensiva, para evitar perder el poder judicial, cambiar la composición de poder del Congreso y controlar el poder Ejecutivo; la vacancia de PPK, la presidencia de Vizcarra y el cierre del Congreso, todo ello en medio de la crisis producto del caso Odebrecht.
Una mirada a la estructura del poder en el Perú durante tiempos de Pandemia
Por Juan Carlos LIENDO O´CONNOR
Director de la Revista XAUXA
Lima, 16 de setiembre, 2020
Con el apoyo mayoritario de los medios de comunicación y el respaldo de las FFAA al Presidente Vizcarra desde la tarde de este sábado 12 de setiembre en medio de una seria crisis que causa la atención de los países de la región y de la prensa internacional, le viene permitiendo circunstancialmente continuar en su cargo condicionado a la intensidad de la próxima crisis. El desarrollo de los últimos acontecimientos hace pertinente una radiografía de doble cara, doméstica e internacional, que facilite apreciar la dimensión del daño estructural que sufre el sistema político en Perú.
Así tenemos que, más allá de cualquier juicio de valor:
Los acontecimientos de los últimos días evidencian la decidida voluntad de más de un grupo opositor al gobierno dispuesto a desplazar del poder al actual presidente como consecuencia de la difusión de audios que permiten cuestionar seriamente su capacidad moral como Jefe de Estado y de Gobierno. Animados por su exclusión de la dinámica política (participación en la toma de decisiones y asignación de recursos del Estado) y frente al riesgo de su vulnerabilidad ante una previsible intromisión del gobierno en el próximo proceso electoral, continuarán buscando generar poder a partir de cualquier circunstancia que desgaste, dificulte, debilite y/o termine separando al presidente y a su grupo de soporte del poder.
En el ámbito doméstico, dos fuerzas significativas se manifiestan como opositoras al gobierno: una, relacionada con un sector de la derecha tradicional, y otra al emergente nacionalismo popular de nuevos liderazgos en la arena política donde destacan los grupos asociados con Antauro Humala, el FREPAP, Acuña y una serie de políticos nuevos con prioritaria agenda propia más allá de su formal pertenencia a cualesquiera de los partidos políticos vigentes.
Por otro lado, y desde la proyección de intereses transnacionales, el gobierno cuenta con el apoyo de los poderes fácticos empresariales, financieros y de los representantes de la izquierda progresista internacional como el partido Morado y el Frente Amplio; así como de diferentes políticos, y autoridades relacionadas, cercanas y/o dependientes de la administración de los fondos de gobierno. La posición gubernamental es reforzada tanto por el mayoritario soporte de los medios de comunicación como por la eficiente y oportuna asistencia estratégica de Organismos No Gubernamentales (ONG´s) que operan políticamente en Perú como IDL y Transparencia Internacional, perteneciente a la red internacional de la “Open Society Foundations”. Ver:
Enfocados estrictamente en una aproximación desde las herramientas de poder, la oposición al gobierno actual carece no solo de liderazgo, sino también de unidad y organización; se encuentran desplazados y sin acceso a la administración pública, carecen también del apoyo de los medios de comunicación, carecen de soporte y respaldo internacional, así como de contenido político realista, actual y concreto; no tienen una narrativa fuerte ni consistente, no tienen agenda orgánica; y se encuentran desarraigadas de la identidad, las necesidades e intereses de la mayoría de la población. En este sentido, y desde la imagen que proyectan, la relación de continuidad con algunas de sus figuras protagonistas relacionadas en actos de corrupción en el reciente pasado, con un serio pasivo de derrota política, con propuestas fundamentalistas, liderazgos fallidos, y carentes de una proyección integradora internacional, evidencian tanto su estructural debilidad como la inconsecuencia fáctica con los principios políticos que proponen defender. Intentar asumir el poder desde estas condiciones resulta de hecho, no razonable.
Por otra parte, el gobierno representa la proyección de una fuerza política que dirige los destinos del país desde los últimos veinte años, disponen desde entonces del acceso a los presupuestos de la república, se encuentran a cargo de la dirección de la totalidad de los organismos de administración del estado, controlan la mayoría de los medios de comunicación dependientes de los fondos públicos, dominan el escenario de la post verdad, cuentan con una narrativa poderosa y atractiva unificados por una fuerte ideología liberal progresista transnacional, agrupan a la gran mayoría, no menos del 90%, de las capacidades de los mejores profesionales en el ámbito de la consultoría privada política y económica especializada, lo cual le permite disponer de un alcance y presencia efectiva sobre las necesidades primarias de la población en todo el país, haciendo suya la proyección de una poderosa agenda internacional con capacidad de soporte financiero y político a través de Organismos Internacionales, ONG´s y medios comunicación.
Sin embargo, a pesar de estas enormes fortalezas, a su disposición desde hace veinte años, significativas personalidades asociadas con su poder forman parte tanto de los casos de mega corrupción en curso, como de la ineficiencia y de la precariedad política que los sigue definiendo. En el mismo sentido la gestión de la pandemia, de la crisis económica en curso y de la inseguridad ciudadana sigue siendo notoriamente incipiente, y desproporcional a los enormes esfuerzos de la población para subsistir; de médicos, enfermeras, soldados y policías que diariamente continúan arriesgando sus vidas por aliviar el sufrimiento y proporcionar seguridad a la mayoría de los peruanos.
No puede sorprender entonces en el presente escenario que las FFAA en servicio activo se presenten en televisión nacional apoyando al gobierno en uniforme de campaña detrás del Primer Ministro y del Ministro de Defensa, de paso, ambos oficiales de Ejército en situación de retiro. Criticar este hecho sólo desde un supuesto interés crematístico e innoble, por un lado, o de una expresión patriótica y democrática por el otro, resultan meramente superficiales. Una aproximación a la cultura militar peruana ayudaría a comprender la dinámica del respaldo que recibe el Presidente en su condición de Jefe Supremo de las FFAA, al mismo tiempo que las ventajas y riesgos que ello implica para la política en el Perú.
Al momento, en el escenario político doméstico sujeto a la influencia transnacional, tanto la oposición como el gobierno no constituyen referente ni garantía alguna para generar condiciones dignas y decorosas de vida a una población tan estoica como trabajadora, rodeada de inmensos recursos naturales; los unos por aferrarse a una exclusiva y miope visión del poder que no les permite en la practica identificarse con las necesidades e intereses del pueblo; y los otros, por seguir a ciegas una agenda ideológica internacional impuesta a partir de una supuesta superioridad moral y que nos subordina indignamente a los designios de grupos de poder que no tienen responsabilidad alguna para con el devenir nacional, diferente a los de su agenda global.
Ni los que dirigen la oposición doméstica, ni el gobierno con todo el soporte de la agenda internacional, disponen de la capacidad razonable para enfrentar el colapso de nuestro sistema de salud, que viene soportando decenas de miles de muertos, tampoco la de enfrentar seriamente la grave crisis económica en curso, y mucho menos para solucionar el imparable incremento del crimen organizado y la delincuencia común.
Nuevamente y en pleno debate sobre la vacancia de un presidente que sumaría el sexto consecutivo enjuiciado y encarcelado al dejar el poder, el cuadro de desgaste que evidencian los actores de poder en Perú corresponde a un progresivo, sostenido e inevitable colapso del sistema político, reflejado en la precariedad evidente de los tres poderes del Estado. No existe señal alguna de mejora haciendo previsible que la precariedad en el ejercicio del poder continúe y se agrave. Las opiniones de apoyo o rechazo al gobierno están dividiendo seriamente al país, agregando un elemento perturbador a cualquier escenario de recuperación o estabilidad que demandará mucho esfuerzo, recursos y tiempo.
Esta es la radiografía actual del poder en el Perú, expuesta exclusivamente para aquellas personas de buena voluntad que se encuentran impotentes, confundidas y sufriendo por tener que soportar la indignidad de vivir en una comunidad política dominada por la corrupción y el desapego con lo nacional. Una oposición doméstica sin capacidades de poder, sin contenido político y cerrada a la comunidad internacional resulta tanto o más insuficiente como aceptar la imposición de una agenda internacional que desde hace 20 años en el poder insiste en imponer una “nueva cultura” o “una nueva convivencia” a su medida, descartando el valor de nuestra historia, tradiciones y cultura. Sólo reconociendo que los únicos responsables de construir nuestro futuro somos nosotros mismos, conociendo la raíz de nuestros problemas actuales y descubriendo lo que realmente nos une e identifica como nación podemos aspirar a ser protagonistas de un cambio real y concreto.