El inicio del año 2025 en Perú ha expuesto con crudeza una crisis de seguridad pública que desborda las capacidades tradicionales del Estado y evidencia la sofisticación y expansión del crimen organizado transnacional en Latinoamérica. Las cifras son alarmantes: cerca de 90 muertos por homicidios y sicariato en las dos primeras semanas del año, acompañadas de un aumento en las extorsiones, ataques violentos contra negocios formales y una guerra abierta entre bandas criminales. Este fenómeno no solo pone en jaque a las fuerzas de seguridad, sino que amenaza directamente la estabilidad del país, convirtiendo lo que antes era un problema policial en una cuestión crítica de seguridad nacional.
El clima de violencia se ha intensificado con métodos brutales que evidencian la infiltración del crimen organizado en diferentes sectores de los tres poderes del Estado, vulnerando significativamente la capacidad de toma de decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Granadas y disparos contra pequeños negocios, extorsiones sistemáticas a empresas de transporte, y atentados contra negocios formales se han vuelto moneda corriente. La guerra entre bandas criminales por el control territorial, especialmente en zonas urbanas y en zonas rurales, ha sumido a comunidades enteras en el miedo y la desesperación. Este caos es reflejo del empoderamiento de economías ilegales, que operan con impunidad gracias a la corrupción política y a la limitada capacidad de respuesta del Estado.
Por otro lado, la incesante migración ilegal masiva de pobladores venezolanos continua, sin que el Estado peruano pueda administrar un fenomeno de una cantidad no menor de un millón ocho cientos mil migrantes, os cuales ante la ausencia del Estado para proporcionarle servicios ni las condiciones básicas para su incorporacion a la sociedad, se desarrollan bajo el efecto perverso de bandas criminales como “El Tren de Aragua” que con una violencia inusitada crea franquicias del crimen y asimila a los criminales locales.
La región amazónica de Perú, particularmente en la cuenca alta del río Marañón, se ha convertido en un territorio desprotegido por el Estado. Aquí, bandas criminales transnacionales, como los “Choneros” de Ecuador, vienen consolidado su control sobre la minería ilegal, una actividad que genera millones de dólares al margen de la ley. La ausencia de vigilancia fronteriza y la falta de infraestructura estatal han permitido que estas organizaciones se fortalezcan, convirtiendo esta región en una zona liberada donde el Estado no tiene presencia efectiva.
Un caso emblemático es la provincia de Pataz, donde dos torres de alta tensión han sido derribadas en menos de tres días por grupos vinculados al crimen organizado. Además, se tiene noticias de trabajadores mineros encerrados dentro de socavones por luchas entre bandas criminales que evidencian el control absoluto de estas áreas por grupos ilegales. Estas acciones no solo reflejan el abandono del Estado, sino también la estrategia de intimidación de estas organizaciones para mantener su hegemonía.
Perú enfrenta una crisis por el control de la minería ilegal en diferentes regiones. En Puno, la localidad de La Rinconada ha sido tomada por redes criminales internacionales que gestionan esta actividad con prácticas coercitivas y explotación laboral extrema. De igual forma, en Madre de Dios, el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, controla extensas áreas dedicadas a la minería ilegal, imponiendo su dominio con violencia y expandiendo su influencia en territorio peruano.
Estas actividades no solo financian al crimen organizado, sino que también erosionan el tejido social. Las economías ilegales generan una dependencia en las comunidades locales, las cuales ven estas actividades como su única fuente de sustento, perpetuando un ciclo de violencia, corrupción y descomposición social.
El avance del crimen organizado en Perú ya no puede ser considerado un problema exclusivamente policial. La magnitud de la violencia, el control territorial de las economías ilegales y la infiltración de redes criminales en diferentes esferas del poder convierten esta crisis en un desafío estratégico para la seguridad nacional. Las fuerzas de seguridad han demostrado ser insuficientes para enfrentar esta amenaza, que requiere medidas excepcionales en el marco del Consejo de Seguridad Nacional.
La corrupción política, tanto a nivel local como nacional, ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar estas organizaciones. Además, el empoderamiento de las economías ilegales ha desconfigurado el tejido social, generando territorios donde el Estado es percibido como un actor ausente o irrelevante. Esta situación demanda una respuesta integral que articule la acción de las fuerzas de seguridad, medidas de inteligencia estratégica y un compromiso político firme para desarticular las estructuras criminales.
Para abordar esta crisis, Perú necesita implementar medidas de excepción que trasciendan la respuesta convencional del Estado, se requiere el respeto irrestricto de la Constitución, de las leyes del Estado y de la Institucionalidad democrática que si existen y que los tomadores de decisiones deben cumplir. El marco institucional le corresponde al Consejo de Seguridad Nacional que tiene las atribuciones y procedimientos legales para enfrentar situaciones de crisis como las descritas; en este espacio se define legalmente y bajo responsabilidad política la naturaleza del peligro por enfrentar y de los daños por reparar, los objetivos políticos, el marco, legal, la estrategia, los planes, los recursos financieros, la organización, el responsable, el tiempo y los espacios geográficos en los que se tenga que emplear el poder nacional para derrotar el crimen.
Medidas excepcionales, establecidas en una directiva de alcance nacional, deberían incluir además cinco medidas de excepción de carácter estratégico como:
- Agravamiento de penas
- Detenciones masivas
- Jueces sin rostro
- Juicios sumarios
- Cárceles temporales
Por un período máximo entre seis a nueve meses con la finalidad de otorgar un espacio mínimo de seguridad a la población y aliviarla del terror sometido, por las extorsiones y asesinatos, así como dar al gobierno tiempo suficiente para hacer reformas estructurales en el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio Público; al mismo tiempo reestructurar el Sistema de Inteligencia Nacional y una completa reingeniería policial, que considere pasar al Ministerio de Defensa a la Policía Nacional como Guardia Nacional, y crear la policía civil para que con el serenazgo y bomberos se hagan cargo de la seguridad ciudadana, y del orden público; y la policía científica para que sincronizada con el Ministerio Público constituya el principal respaldo para asegurar el orden interno.
La situación de violencia e inseguridad en Perú es la más grave de toda su historia, y que agudizada al inicio de 2025, es una expresión del avance del crimen organizado en Latinoamérica. Este fenómeno, alimentado por economías ilegales y facilitado por la corrupción, ha superado el ámbito policial, convirtiéndose en una amenaza directa para la seguridad nacional. El Estado peruano enfrenta un desafío crítico: actuar con firmeza y decisión para recuperar el control territorial y reconstruir el tejido social. Solo una estrategia integral, respaldada por medidas de excepción y un liderazgo político comprometido, podrá frenar esta ola de violencia y devolver la seguridad al país.