Llamada Rubio-Jerí: un Giro Estratégico

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La inevitable dimensión de la Seguridad Nacional en los Asuntos Internacionales

Ex Director  Nacional de Inteligencia (DINI)

Lima, 30 de Octubre de 2025

Lima, 30 de octubre de 2025. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, contactó por teléfono al presidente interino del Perú, José Jerí, en lo que se interpreta como un movimiento estratégico dentro del tablero geopolítico regional. Esta comunicación se produce en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y del apoyo de Washington a Ecuador en su lucha contra el Crimen Transnacional Organizado (CTO). No fue una charla de cortesía, sino una señal de que el Perú podría verse forzado a alinearse con el eje anti-Maduro en la campaña abierta de EE. UU. contra las redes criminales internacionales, consideradas por Washington una amenaza a su Seguridad Nacional. Esta presión externa llega además cuando el gobierno peruano —de carácter transitorio y estructuralmente débil— enfrenta un período preelectoral marcado por un crecimiento acelerado de la delincuencia que desborda la capacidad del Estado peruano.

Reafirmación de la alianza estratégica

Según comunicados oficiales de ambos gobiernos, la conversación entre Rubio y Jerí sirvió para ratificar la “asociación estratégica” entre Perú y EE.UU., sustentada en casi 200 años de relaciones diplomáticas. Sobre esa base, se destacaron varios compromisos clave:

• Cooperación contra el Crimen Transnacional Organizado: ambas naciones acordaron profundizar la colaboración en la lucha contra extorsiones, sicariato, migración ilegal, trata de personas y otras formas de crimen organizado. Perú enfrenta un récord histórico de homicidios, y el gobierno de Jerí decretó estado de emergencia en Lima y Callao el 22 de octubre debido a la ola de inseguridad.
• Lucha contra el narcotráfico: se enfatizó el fortalecimiento de esfuerzos conjuntos contra el tráfico de drogas, una prioridad compartida para Washington y Lima.
• Defensa y estabilidad regional: la agenda incluiría temas de cooperación militar y seguridad regional, un ámbito de altísima prioridad geopolítica para Estados Unidos.
• Agenda común y apoyo democrático: se acordó promover encuentros de alto nivel para desarrollar una agenda común. EE. UU. reafirmó su apoyo a la estabilidad institucional del Perú, al sistema democrático y a la realización de las elecciones generales programadas para 2026.

Una llamada en contexto explosivo

Esta llamada telefónica no es ninguna coincidencia. Ocurre en el pico de una ofensiva de EE. UU. en el Caribe contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, cuyas aristas incluyen:

• Ataques sobre  rutas de narcotráfico: Más de diez operaciones letales de las fuerzas estadounidenses contra lanchas rápidas y “narco-submarinos” procedentes de Venezuela, embarcaciones que fueron hundidas cuando transportaban cargamentos de fentanilo rumbo a Norteamérica. Los blancos principales de estas acciones son la banda Tren de Aragua y el llamado cártel de los Soles (vinculado al régimen de Nicolás Maduro), grupos que la administración Trump ha designado oficialmente como organizaciones terroristas.
• Despliegue militar masivo: Estados Unidos mantiene una presencia bélica significativa en el Caribe, con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona, acompañado de destructores, cazas F-35, un submarino nuclear y no menos de 6.500 tropas armadas. El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ha declarado al respecto: “Estamos desmantelando redes narcoterroristas”. Asimismo, agencias federales estadounidenses operan ya sobre el terreno en Ecuador, apoyando activamente la lucha de ese país contra el CTO.

La ofensiva estadounidense se centra inicialmente contra el régimen de Nicolás Maduro. Washington señala al mandatario venezolano como “el mayor narcotraficante del mundo” y ha ofrecido $50 millones de recompensa por su captura. Sus vínculos con actores políticos en el Perú —incluyendo a algunos congresistas— son ampliamente conocidos en Lima. Según fuentes oficiales de EE. UU., Venezuela se ha convertido en el centro de distribución del 70% del fentanilo y la cocaína que ingresan al mercado estadounidense, gran parte del cual fluye a través del Tren de Aragua. Esta organización criminal transnacional de origen venezolano se encuentra en plena expansión hacia el Perú, introduciendo prácticas delictivas como la extorsión, los asesinatos por encargo, la migración ilegal y la trata de personas en zonas urbanas como Lima y Callao.

No pasa inadvertido otro factor geopolítico: la llamada Rubio-Jerí tuvo lugar apenas horas después de un inusual encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Norte. En ese ajedrez global, el puerto de Chancay — megaproyecto portuario peruano financiado y gestionado  mayoritariamente por capital chino— se vuelve una pieza estratégica clave en medio de intereses en conficto. Es decir, cualquier diálogo de alto nivel entre Washington y Lima ocurre teniendo en cuenta la creciente influencia  de China en el Perú, con Chancay como referencia obligada.

Respaldo político a un gobierno frágil

Por el momento, la conversación entre Rubio y Jerí no se ha traducido en acciones concretas anunciadas (no hubo promesas inmediatas de envío de ayuda, asesores o misiones conjuntas). Sin embargo, el gesto brinda un respaldo político clave al gobierno transitorio peruano, otorgándole algo de oxígeno internacional en medio de su debilidad. La administración de José Jerí es breve (debe entregar el poder el 28 de julio de 2026 tras las elecciones de abril) y lidia con un Congreso desacreditado. A ello se suma la ineficacia demostrada hasta ahora para frenar la criminalidad: los homicidios se han estabilizado en un piso alarmante —no menos de 28 asesinatos por semana— y las extorsiones siguen creciendo a un ritmo imparable, alcanzando a amplios sectores de la sociedad. En este contexto, la llamada de Washington funciona como un espaldarazo diplomático que le da al régimen interino cierta legitimidad y tiempo para maniobrar.

El giro estratégico

El nivel y el contenido de la llamada enmarcan al gobierno peruano en el plano de la Seguridad Nacional y las Relaciones Exteriores. En la práctica, esto significa que Perú ya no puede continuar abordando la actual ola de violencia solo como un asunto de seguridad ciudadana: se ve obligado a escalar su respuesta al nivel de la defensa nacional y a activar la diplomacia en busca de apoyo. Difícilmente podrá involucrarse de forma efectiva con EE. UU. si permanece atrapado en una visión localista o “parroquial” de seguridad ciudadana. La única opción viable es replantear el fenómeno criminal como un desafío a la seguridad del Estado, que demanda cooperación internacional y estrategias de alto nivel.

Por otro lado, el contacto de alto nivel desde Washington es, de hecho, un llamado a la acción inmediata bajo la cobertura diplomática de un “respaldo político”. Ese apoyo podría esfumarse más rápido de lo que parece si Lima continúa con las mismas tácticas que hasta ahora han fracasado. En otras palabras, ya no es posible continuar con el espectáculo mediático de operativos vistosos, fotos oportunistas y declaraciones grandilocuentes sin resultados tangibles. El gobierno de Jerí necesita emprender un verdadero giro estratégico, serio y responsable, en materia de Seguridad Nacional.

La agenda, en gran medida, ya vino definida por esta conversación bilateral: sumarse plenamente a la guerra que Estados Unidos ha declarado contra las redes criminales (y narcoterroristas) de la región. Las ventajas de alinearse con Washington pueden ser significativas: acceso a equipamiento y tecnología de punta, operaciones combinadas que aumenten la capacidad delucha contra el crimen, fortalecimiento de los aparatos de inteligencia, e incluso apoyo externo para garantizar un proceso electoral 2026 seguro y en las mejores condiciones. Las desventajas de no hacerlo quedan claras al observar la realidad actual: persistir en el status quo implicaría seguir sufriendo el avance incontenible del CTO y llegar a los comicios en un escenario que podría resultar fatal para la democracia y la estabilidad del país.

Conclusión

La llamada Rubio-Jerí actúa como un “placebo diplomático” temporal para el gobierno peruano: un respaldo simbólico (avalado por la administración Trump) que le otorga a José Jerí un margen breve de maniobra e iniciativa. Pero ese margen exige ser aprovechado de inmediato. La nula efectividad mostrada hasta ahora por las autoridades peruanas tiene que llegar a su finy declarar la lucha contra el CTO un problema de Seguridad Nacional. Es de esperar que, en los próximos días, el presidente Jerí anuncie medidas de fondo para combatir la inseguridad y encarar este nuevo alineamiento estratégico. Experiencias previas indican que un contacto de este calibre entre Lima y Washington no queda en mera anécdota diplomática: suele precipitar efectos inevitables, marcando un antes y un después en la estrategia de Seguridad Nacional del Perú.